La transposición de la Directiva 2014/17/UE de 4 de febrero

Abstract

Las directivas, como es sabido, precisan de un acto de transposición o incorporación al Derecho interno de los Estados destinatarios, dentro de un plazo determinado que la propia norma comunitaria establece. En el caso de la Directiva 2014/17/UE, Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de febrero de 2014 sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial, aludida frecuentemente como Directiva hipotecaria, el 21 de marzo de 2016 expiró, según establece su artículo 42. Una de las características de esta norma de la Unión es el efecto directo de la misma en sus estipulaciones siempre que sean claras, concretas, precisas e incondicionales si una vez transcurrido el plazo de transposición esta no se lleva a efecto o bien se produce de forma incorrecta. El análisis de este proceso en en foro interno es el objeto de este trabajo. Nos encontramos ante una disposición normativa con gran incidencia en el orden jurídico civil, mercantil y procesal entre otros. Mirando desde el Derecho Comunitario debemos recordar que el proceso de integración europea iniciado en la segunda mitad de la pasada centuria pretendía construir las libertades básicas que cimentaban la existencia de un mercado interior incipiente, que con el devenir del proceso europeo, se reveló cada vez más ambicioso y expansivo. Para crear este mercado unificado, hubo que suprimir cientos de barreras técnicas, jurídicas y burocráticas —alojadas tanto en el Derecho privado civil o mercantil, como en el Derecho público administrativo o procesal— que impedían la circulación de personas bienes y servicios entre los Estados miembros de la Unión. ¿Es posible que esta pretensión llegue a beneficiar a los ciudadanos y consumidores en la operación financiera más relevante de sus vidas?