Patrimonio del agua, poder y corrupción en Antequera (España). El Convenio de Aguas del río de la Villa de 1854

Abstract

En Antequera, en 1833, surgió una industria textil sin el control gremial. Especialmente, desde ese año, el desarrollo de esta y otras industrias, merced al río de la Villa, cuya agua emana de un manantial de la Sierra del Torcal, intensificó las necesidades de agua, y, con ello, la conflictividad por su suministro. Este artículo analiza, por primera vez, el Convenio de Aguas del Río de la Villa de 1854, el único que fue aprobado para ese municipio por el ayuntamiento antequerano y la diputación provincial de Málaga en el siglo XIX, vigente, al menos, hasta 1924. Pretendemos responder a las siguientes preguntas: ¿quiénes lo suscribieron y por qué lo firmaron el 4 de julio de 1854? y ¿cómo afectó al reparto del agua: fue justo, hubo corrupción?. La investigación se fundamenta en documentación inédita del Archivo Histórico Municipal de Antequera. Hemos descubierto que dicho Convenio Convenio de Aguas fue un acto de corrupción, en el que participaron un grupo de personas de la alta burguesía y nobleza, con fuertes vínculos entre sí, políticos y familiares. El reparto del agua no fue justo, ya que no se concretó el agua que podrían recibir la mayoría de los usuarios y de ahí que no lo suscribiesen y, cuando se concretó la cantidad y tiempo de uso, se hizo de manera desigual sin explicar los motivos. El Convenio de Aguas del Río de la Villa del 4 de julio de 1854 fue un acto de corrupción, en el que participaron un grupo de personas de la alta burguesía y nobleza, con fuertes vínculos entre sí, políticos y familiares. Algunos de sus miembros habían apoyado el pronunciamiento militar acaecido unos días antes, así como la posterior revolución en Madrid, en la misma Antequera y en la capital de la provincia. Se hicieron con el control del municipio antequerano, ocupando importantes cargos políticos y algunos de estos firmaron el Convenio o eran familiares y/o estaban vinculados con la mayoría de los que lo suscribieron. Aprovecharon ese poder político, así como su elevada posición económica y social, para imponer el Convenio a una mayoría, parte de la cual mostró su disconformidad. Entre los firmantes destacaron, por parte de la burguesía, los Robledo, Moreno, Aguilares y Palma, y, por la nobleza, los Urbina Mayorga y los Rojas y González. El reparto del agua no fue justo, ya que no se concretó el agua que podrían recibir la mayoría de los usuarios y de ahí que no lo suscribiesen y, cuando se concretó la cantidad y tiempo de uso, se hizo de manera desigual sin explicar los motivos. Además, los signatarios no reconocieron todas las actividades de algunos de ellos, ocultando que estaban consumiendo más agua que otros partícipes.