Pensiones públicas y Derecho Financiero: efectos del Real Decreto-ley 2/2023 sobre el gasto público.

Abstract

España recibió el tercer desembolso del plan de recuperación y resiliencia por un valor de 6.000 millones de euros. Para que la concesión del pago se llevara a cabo, se implementó la reforma de las pensiones por la vía de los gastos públicos en el Real Decreto-ley 2/2023.

El Estado aumentó la jubilación laboral a los 67 años, mejorando las pensiones mínimas y el establecimiento de un modelo dual para el cálculo de la pensión a partir de 2027 con los últimos 25 años cotizados o con 29 años de cotización excluyendo los dos peores. Posteriormente la opción de 25 años irá subiendo 6 meses por año hasta que en 2044 se calculará la pensión con los 27 años efectivos de cotización.

Acerca de la reforma de las pensiones, la AIReF, en su Documento Técnico 2/23, ha advertido que la misma empeora la sostenibilidad del sistema y ha instado a los responsables públicos a articular una estrategia fiscal nacional a medio y largo plazo que contemple una reforma integral del marco fiscal para garantizar la sostenibilidad. En el mismo sentido, el Informe anual del Banco de España 2022 estima que será necesario adoptar nuevas medidas a partir de 2025 para reforzar su sostenibilidad financiera.