La fraternidad y la responsabilidad institucional ante la parálisis reglamentaria de la Ley 21/2022 y el fondo de compensación para las víctimas del amianto

Abstract

The principle of fraternity, understood as intergenerational solidarity and collective responsibility, is crucial for addressing challenges such as harm caused by asbestos exposure and the transition to a decarbonized economy. Both issues demand collective responses that prioritize public health and social justice, requiring institutions to repair present and future damages and to prevent costs from falling on the most vulnerable (Berry et al., 2022; Milano Sánchez, 2020; Viguirí Perea, 2009). Law 21/2022 was a step forward by creating a compensation fund for asbestos victims, aiming for fair and efficient redress (Azagra Malo & Gili Saldaña, 2005). However, the lack of regulatory development leaves thousands of affected individuals in uncertainty. While case law has protected victims by easing the burden of proof in cases of passive and environmental exposure (Morillo González, 2021; Martínez Moya, 2021), the current regulatory paralysis perpetuates inequality. European experience shows that specific compensation funds ensure better access to justice and comprehensive redress, overcoming the limitations of individual actions (Azagra Malo & Gili Saldaña, 2005; Berry et al., 2022). In Spain, delays in approving the fund’s regulations reveal a troubling lack of political will and unjustifiable administrative inertia in addressing personal harm from asbestos contamination. This regulatory standstill represents a serious deficit in justice and institutional responsibility, demanding transparency, binding deadlines, and proper regulation to guarantee fair compensation and comprehensive redress. Only then can we move toward a truly fraternal and democratic society.

El principio de fraternidad, como solidaridad intergeneracional y corresponsabilidad colectiva, es esencial para afrontar desafíos como los daños producidos como consecuencia de la exposición al amianto y la transición hacia una economía descarbonizada. Ambos problemas requieren respuestas colectivas que prioricen la salud pública y la justicia social, exigiendo a las instituciones la reparación de daños presentes y futuros y evitar que sus costes recaigan sobre los más vulnerables (BERRY ET AL., 2022; MILANO SÁNCHEZ, 2020; VIGUIRI PEREA, 2009). La Ley 21/2022 supuso un avance al crear el fondo de compensación para las víctimas del amianto, buscando una reparación homogénea y ágil (AZAGRA MALO & GILI SALDAÑA, 2005). Sin embargo, la falta de desarrollo reglamentario mantiene a miles de afectados en la incertidumbre. Aunque la jurisprudencia ha protegido a las víctimas flexibilizando la carga de la prueba en casos de exposición pasiva y ambiental (MORILLO GONZÁLEZ, 2021; MARTÍNEZ MOYA, 2021), la parálisis normativa actual perpetúa la desigualdad. La experiencia europea demuestra que los fondos de compensación específicos garantizan un mejor acceso a la justicia y a la reparación integral; superando las limitaciones de las acciones individuales (AZAGRA MALO & GILI SALDAÑA, 2005; BERRY ET AL., 2022). En España, el retraso en la aprobación del reglamento del fondo evidencia una preocupante falta de voluntad política y una inercia administrativa injustificable en la reparación del daño personal como consecuencia de la contaminación por amianto. La parálisis en la regulación del fondo de compensación constituye así un grave déficit de justicia y responsabilidad institucional, y exige transparencia, unos plazos vinculantes veraces y una regulación adecuada para garantizar indemnizaciones justas y una reparación integral. Solo así avanzaremos hacia una sociedad verdaderamente fraterna y democrática.