El pleno y efectivo acceso de las personas con discapacidad a la tutela jurisdiccional en la doctrina constitucional.

Abstract

El artículo 13.1 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que los Estados parte asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de procedimiento. Esta previsión tuvo su desarrollo normativo a través de la Ley 8/2021, de 2 de junio. No obstante, con anterioridad, el Tribunal Constitucional —invocando la Convención— tuvo ocasión de dictar una doctrina por la que los jueces y magistrados no pueden hacer una aplicación meramente formalista de la ley cuando —al menos— uno de los justiciables es una persona con discapacidad.