El acceso justo al empleo público como una relación de beneficios mutuos.

Abstract

El de empleo público de nuestro país se ha configurado, desde sus inicios, de una forma desestructurada y con una falta de atención importante a la problemática de fondo del mismo. La llegada de la Democracia articula un sistema basado en el acceso al mismo en estricticas condiciones de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. El desarrollo tanto legal como reglamentario posterior contienen preceptos suficientes como para que se cumplan de forma oportuna los preceptos que alberga nuestra Carta Magna. No obstante, a lo largo de décadas, el acceso al empleo público ha padecido –en ocasiones, que no en todas– ciertas dosis de opacidad, ciertos niveles de nepotismo que han culminado en una falta de atención al ordenamiento jurídico constitucional y legal. Ello ha provocado que la temporalidad haya podido ser considerada como una constante a lo largo de décadas, llegando a unos niveles desconocidos hasta el momento en los últimos años. El legislador de todos los tiempos ha procurado, para solventar la problemática de la temporalidad, ciertos procesos de consolidación de empleo temporal. En esa línea es en la que incide la definitiva Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público que regula los que parecen ser, los últimos procesos de consolidación de empleo temporal.