La tutela penal del comercio electrónico.

Abstract

Existen numerosas conductas con relevancia penal que pueden afectar tanto a la confianza de los consumidores en realizar transacciones comerciales por internet como a las empresas que legítimamente se dedican al comercio electrónico. La mayoría de ellas tienen carácter defraudador, es decir, tienen como objetivo engañar a un sujeto para producir un perjuicio patrimonial. Algunas de las más conocidas son: la sustracción de tarjetas de crédito o de sus datos para realizar pagos por internet, la venta online de productos que después no se envían o se envían con diferentes características, la sustracción de las claves bancarias sin el conocimiento de la víctima o a través de engaño (phishing y pharming), la publicidad engañosa a través de internet, etc. Pero también podrían mermar dicha confianza los comportamientos de daños informáticos o el acceso ilícito a un sistema informático. Para hacer frente a esta realidad criminológica, el legislador penal se ha dotado de determinados mecanismos como, por ejemplo, el delito de estafa, el delito de estafa informática, el delito de acceso ilícito a un sistema informático, el delito de publicidad engañosa, el delito de daños informáticos, etc. Dicho esto, el objetivo de la presente comunicación es realizar un análisis de las principales herramientas jurídico-penales de las que dispone el ordenamiento español para proteger el mercado digital y apuntar brevemente los problemas dogmáticos a los que se enfrenta cada una de ellas.