La tensión entre el derecho a no ser discriminado y otros derechos fundamentales

Abstract

La lucha contra los delitos de odio dio un paso importante en 2013 cuando la Fiscalía General del Estado creó una red de Fiscales especializados en delitos contra el odio. Se designó un Fiscal en cada provincia encargado de la coordinación en su jurisdicción de todas las cuestiones relacionadas con este tipo de delitos. Cuatro años antes la Fiscalía de Barcelona creó el “Servicio de Delitos de Odio y Discriminación”, inspirador para el resto de las fiscalías desde su posición pionera. Por medio de la creación de estas fiscalías se ha tratado de dar una respuesta eficaz al incremento de estos delitos en la sociedad española. Y, más concretamente, de ofrecer una especial protección a quienes sufrían el odio irracional y la discriminación por prejuicios basados en la raza, las creencias, la orientación e identidad sexual o la situación de exclusión social. La figura del Fiscal Especialista en delitos de odio, según el modelo diseñado por el Ministerio Fiscal español, está hoy en día reconocida por la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea “como un ejemplo de buena práctica que debería ser reproducido en otros Estados miembros”.