La eficacia (o ineficacia) de las medidas civiles de protección transnacionales

Abstract

En este trabajo se analiza de forma crítica la eficacia del Reglamento (UE) 606/2013, relativo al reconocimiento mutuo de medidas de protección en materia civil, como instrumento destinado a garantizar la protección transnacional de las víctimas en el espacio europeo de libertad, seguridad y justicia. Parto de la constatación de que, pese al esfuerzo normativo desarrollado por la Unión Europea desde la Decisión Marco 2001/220/JAI hasta las actuales Directivas y Reglamentos, la protección efectiva de las víctimas más allá de las fronteras estatales sigue presentando importantes disfunciones.

El estudio se contextualiza en la coexistencia de dos instrumentos de cooperación con finalidad similar pero distinta naturaleza: la Orden Europea de Protección, de carácter penal, y el Reglamento de reconocimiento mutuo de medidas civiles. Sostengo que esta dualidad normativa, lejos de reforzar la protección, ha generado una fragmentación del sistema, derivada de la falta de armonización entre los ordenamientos de los Estados miembros y de la diversidad de autoridades competentes, procedimientos aplicables y causas de denegación. En particular, examino la dificultad de delimitar qué debe entenderse por medida de protección de naturaleza civil, poniendo de manifiesto la ambigüedad del concepto y su especial complejidad en el ordenamiento jurídico español, donde este tipo de medidas han tenido tradicionalmente una naturaleza penal.

Desde esta perspectiva, analizo la finalidad y el funcionamiento del Reglamento 606/2013, destacando sus aspectos positivos —como el reconocimiento cuasi automático de las medidas mediante certificación y la limitación de los motivos de denegación—, pero también sus importantes carencias prácticas. En especial, pongo de relieve los problemas derivados de la ausencia de una regulación interna clara sobre las autoridades competentes para la emisión y ejecución de estas medidas en España, las vacilaciones legislativas en su designación y la exclusión de determinados órganos jurisdiccionales que, por su naturaleza mixta, podrían haber desempeñado un papel relevante.

Finalmente, abordo de manera crítica la vía de ejecución de las medidas de protección civiles en el ordenamiento español, señalando la inadecuación de los mecanismos de ejecución civil previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil para garantizar la efectividad real de prohibiciones de acercamiento o comunicación. Concluyo que, sin una revisión normativa que clarifique la naturaleza de estas medidas, determine con precisión los órganos competentes y articule mecanismos de ejecución eficaces y proporcionados, el Reglamento corre el riesgo de convertirse en un instrumento de protección meramente formal, incapaz de ofrecer una respuesta real y efectiva a las necesidades de las víctimas en un contexto transnacional.