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00925njm 22002777a 4500 dc Carraro Rossetto, Patrícia author 2023 A mediados de la década de 1990, la corrupción deja de concebirse como un fenómeno propio del capitalismo periférico y de los países postcomunistas, pasando a valorarse como un problema político global de primer orden. Como resultado, se intensificó en el ámbito internacional un discurso de «lucha contra la corrupción», no siendo de extrañar la prolífica actividad de diferentes organismos dirigida a ofrecer soluciones concretas y eficaces para hacer frente a este fenómeno transfronterizo. Entre los organismos políticos supranacionales implicados en ofrecer una respuesta a la amenaza creciente que representa la corrupción, se encuentra el Consejo de Europa, cuyos convenios sobre la corrupción son jurídicamente vinculantes y están dotados de un sofisticado mecanismo de supervisión y monitoreo: el «Grupo de Estados contra la Corrupción». A través de procedimientos dinámicos y circulares de rondas de evaluación e informes de cumplimiento, el GRECO realiza una descripción general de la situación del país, recomienda las reformas legislativas, institucionales y prácticas necesarias para promover estrategias anticorrupción y, posteriormente, evalúa si sus recomendaciones han sido i) no implementadas en absoluto; ii) implementadas parcialmente; iii) tratadas de manera satisfactoria; o iv) implementadas. Hasta el momento, el GRECO ha lanzado cinco rondas de evaluación, estando muchas de sus recomendaciones relacionadas con la prevención y represión de la corrupción política. España ha sido objeto de análisis en todas las rondas de evaluación llevadas a cabo hasta el momento. En vista de ello, el objetivo de la conferencia es analizar si España ha estado cumpliendo adecuadamente con las recomendaciones del GRECO y en qué medida las recomendaciones finalmente adoptadas podrían en definitiva reducir los niveles de corrupción política. https://hdl.handle.net/10630/27054 Derecho penal Corrupción administrativa La influencia de las recomendaciones del GRECO en las reformas legislativas anticorrupción: ¿España un hijo cumplidor?