Desde hace años la Unión Europea ha venido legislando respecto a asuntos penales, en un principio a través de Decisiones marco en el ámbito del tercer pilar. Desde el Tratado de Lisboa la UE tiene reconocidas competencias para definir los tipos penales y las penas en algunos ámbitos (art. 83), armonizando las legislaciones de los estados miembros ahora a través de directivas. Este trabajo pretende analizar por tanto la actual política criminal llevada a cabo por la Unión Europea, atendiendo a sus déficits e irracionalidades. Es indudable la importancia de dicho análisis dada la influencia que la legislación comunitaria desempeña actualmente sobre las políticas criminales nacionales.