Podría afirmarse que en los últimos años prácticamente todas las propuestas de reforma penal que han salido del despacho de un ministro de justicia se han centrado en el endurecimiento de la ley. Habiendo alcanzado ya los límites de la cadena perpetua, podría pensarse
que esta dinámica puede estar llegando al final de un callejón que en
la actualidad no tiene salida conocida para nuestros gobernantes. Sin embargo, aún
queda recorrido en la línea actual: prisión perpetua no revisable, medidas de seguridad postdelictuales, penas
infamantes, penas corporales, etc., y, además, la evolución de la política
criminal comparada nos proporciona ejemplos de otros ámbitos a los que
acudir para buscar nuevas formas de punición. A pesar de ello, la doctrina penal y criminológica no ha sido capaz de
ofrecer alternativas convincentes para el poder político en esta reciente era
punitivista que culmina con la reinstauración expresa de la cadena perpetua,
lo que indica que tal vez haya que afrontar el futuro con una estrategia
diferente. En el ámbito académico y profesional relacionados
con la política criminal, ya se empiezan a ver indicios de esta nueva estrategia,
como el papel jugado recientemente por algunos de ellos como grupo de
presión experto. A mi juicio, a estas labores de presión externa han de añadirse otras
que incidan, no solo en los contenidos de la política criminal, algo fundamental,
sino también en el continente. En tal línea se enmarca este trabajo,
en el que pretendo discutir en parte cómo se aborda la política criminal en
nuestro país pero, sobre todo, cómo podría hacerse de una forma que, previsiblemente,
pudiera dar unos resultados mejores. Mi objetivo es llegar en
ello a cierto nivel de detalle, proponiendo quién debería hacerlo, cuándo y
de qué manera. Defenderé la idoneidad que, en mi opinión, tienen los conocimientos
relacionados con la evaluación para la mejora de la política criminal. Resulta
cada vez más evidente que los aspectos jurídicos de la política criminal
pueden beneficiarse profundamente de otros conocimientos y no es
casualidad que, en nuestro país, algunos de los académicos interesados en
esta materia hayan dado firmes pasos para adentrarse en disciplinas más o
menos alejadas del Derecho, como la Economía, la Criminología o la Ciencia
Política. Efectivamente, el estudio de las decisiones públicas que rigen la creación
de políticas penales requiere de una aproximación holística, única forma de
comprender las dinámicas que las condicionan. Se puede optar por atender
aspectos específicos, como el estudio de los actores que participan en
las políticas, por ejemplo, pero sin el conocimiento de otras fases previas y posteriores o de las competencias de los diferentes órganos e instituciones
públicas que participan en el proceso, difícilmente se podrán interpretar
correctamente los hallazgos. Este trabajo pretende contribuir a completar un mapa que nos permita a
entender y manejar mejor las dinámicas que gobiernan la política criminal
española, para lo cual propondré reformas específicas gracias a las cuales las instituciones de nuestro país estarían, creo, en una mejor posición para afrontar los retos de naturaleza criminal.