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dc.contributor.advisorHinojosa-Torralvo, Juan José 
dc.contributor.authorRoldán-Báez, Antonio Manuel 
dc.contributor.otherDerecho Financiero, Economía Política y Filosofía del Derechoes_ES
dc.date.accessioned2016-10-10T11:07:46Z
dc.date.available2016-10-10T11:07:46Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10630/12191
dc.description.abstractEl objeto de esta investigación es el análisis de los efectos provocados por la Gran Recesión entre las economías avanzadas, y por la posterior implementación de las políticas fiscales de consolidación fiscal, adoptadas en la zona del euro a partir de 2010, especialmente en el caso de España. A pesar de las múltiples manifestaciones masivas de rechazo popular en contra de las políticas de austeridad, tales como el Movimiento 15-M, que en 2011 recogió el sentir de millones de indignados de toda España, tanto con la clase política gobernante como con sus políticas de ajuste (para la clase obrera) y de extensión de privilegios (rescate financiero, nueva amnistía fiscal) para los adinerados y la clase capitalista, y cuyas protestas se fueron extendiendo gradualmente a otros lugares del mundo (Grecia, Portugal, Italia, Inglaterra…), llegando hasta el mismo corazón financiero de Nueva York, a través del movimiento Occupy Wall Street, los gobiernos europeos conservadores mantuvieron esta política a lo largo de la crisis. En realidad, los indicadores fiscales de España resultaban inmejorables antes de la Gran Recesión: la proporción de deuda pública sobre el PIB estaba situada en el nivel mínimo del 35,5%, mientras que la proporción del superávit público sobre el PIB era del 2%, en 2007. Pero el doble impacto de la crisis financiera y económica contrajo las bases imponibles y derrumbó los ingresos públicos; a la par que el gasto público se expandió por efecto de los estabilizadores automáticos y por las medidas de estímulo fiscal, dando lugar a que el déficit público se incrementara en 13 puntos sobre el PIB entre 2007 y 2009, un hecho que marcó la evolución de nuestra Hacienda Pública. Estos programas de estímulo fiscal comenzaron a generar los indicios de una recuperación económica. Pero a partir de 2010, los gobiernos europeos –a diferencia de Estados Unidos– cambiaron la orientación de la política fiscal y aplicaron el principio de austeridad a las políticas de gasto público, provocando un recorte en la provisión de servicios públicos fundamentales como la sanidad y la educación públicas, y en las inversiones públicas. La implementación de esta política de austeridad fiscal de una forma simultánea en todas las economías de la zona del euro -lo que vino a reforzar su impacto restrictivo-, contribuyó al deterioro de los niveles de producción y empleo, dado que los recortes aplicados (gastos sociales e inversiones públicas) acentuaron la recesión económica y provocaron más desempleo, mermando de nuevo los ingresos tributarios e incrementando el gasto. Ello implicaba la adopción de medidas de austeridad adicionales, dentro de una espiral poco virtuosa. El proceso de consolidación fiscal llevado a cabo en España ha sido distinto al del conjunto de la zona del euro, comenzando por la situación de superávit presupuestario registrada durante 2006 y 2007. En España ha tenido un mayor protagonismo la política de recortes en el gasto, que el incremento de los ingresos: mientras que el gasto total no financiero se reducirá en un 6,7% del PIB, los ingresos totales no financieros aumentarán un 1,2% del PIB. El problema es que la austeridad fiscal está amplificando los problemas de las finanzas públicas. A pesar de los recortes aplicados, la elevación de los niveles de endeudamiento público (incluyendo el rescate de las instituciones de crédito) va a requerir a medio plazo incrementos en la presión fiscal y/o recortes adicionales en el gasto público. Desde la óptica del bienestar social, el fracaso de las políticas de austeridad fiscal es evidente, al provocar un sufrimiento humano evitable a millones de personas en términos de empobrecimiento y de pérdida de unas condiciones de vida dignas, además de ampliar las desigualdades sociales a unos niveles ignotos. Pese a ello, se mantienen como objetivos prioritarios la reducción del déficit y de la deuda pública de las administraciones públicas, en detrimento de otros objetivos como el crecimiento, el pleno empleo, el desarrollo humano, o la erradicación de la pobreza, a pesar de las insostenibles tasas de paro –como la soportada por los trabajadores jóvenes– de los países de la periferia del sur de Europa, y del creciente número de personas en situación de pobreza o en riesgo de exclusión social. El proceso de construcción europea no va en la dirección de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, ni de atender sus derechos fundamentales económicos o sociales. Ni se pretenden corregir las situaciones de flagrante desigualdad económica entre grupos y clases sociales, o entre países y regiones. Antes al contrario, la Unión Europea se está conformando de acuerdo con los intereses del Capital, desmantelando la red de derechos sociales tejida arduamente en el siglo XX, y eliminando todos los obstáculos a la extensión del mercado. El empobrecimiento registrado en España a partir de la Gran Recesión ha sido provocado por un desempleo masivo que ha castigado más a los trabajadores jóvenes, muchos de los cuales han tenido que emigrar; por la ampliación de la duración del desempleo, que ha llevado a parados de larga duración a la exclusión laboral y a engrosar las filas de la pobreza, muchos de ellos tras haber sido desahuciados de sus viviendas; y por el recorte de salarios promovido por las reformas laborales neoliberales. Pero también, por la política de recortes aplicada en las partidas presupuestarias dedicadas a los gastos sociales y por el aumento de la presión fiscal, con marcado carácter regresivo. Junto a la muy elevada percepción de corrupción existente entre los ciudadanos, tanto en relación con los partidos políticos como con la clase gobernante. El desfalco de las arcas públicas perpetrado por innumerables políticos corruptos también ha detraído importantes recursos que se han desviado de su finalidad principal: satisfacer las necesidades humanas de los ciudadanos carentes de oportunidades y/o de recursos. Como resultado, las sufridas clases medias han menguado de tamaño en el transcurso de las crisis, a la par que se han ido ampliando las filas de las clases populares. Las élites económicas, instaladas en la cúspide de la pirámide, mientras tanto, continúan con su ardua labor de seguir acumulando riqueza.es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherServicio de Publicaciones y Divulgacion Cientificaes_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.subjectCrisis económicases_ES
dc.subjectEconomía sociales_ES
dc.subject.otherAusteridades_ES
dc.subject.otherRecorteses_ES
dc.subject.otherDesigualdades_ES
dc.subject.otherTesis doctorales_ES
dc.subject.otherEmpobrecimientoes_ES
dc.subject.otherConsolidación fiscales_ES
dc.titleFiscalidad y crisis económica-financieraes_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesises_ES
dc.centroFacultad de Derechoes_ES
dc.cclicenseby-nc-ndes_ES


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