Durante el siglo XIX, España se configura como un Estado moderno y el sistema educativo estuvo llamado a ser uno de los elementos de esta configuración. Sin embargo, no se partía de la nada ni de una revolución sino que se lleva a cabo en un constante forcejeo donde, una vez más, “lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo no termina de morir”. Era indiscutible la importancia de la educación para el Estado que se conformaba pero también se trataba de un campo secularmente gestionado por la Iglesia, donde tenía grandes intereses y al que no quería renunciar pues lo consideraba sustancial para su propia supervivencia. La debilidad del incipiente Estado y la confluencia de intereses con los grupos conservadores le permitirían, no sin tensiones, mantener una situación de privilegio que terminaría por conducir a un cambio radical con la llegada de la II República.
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