El problema ferroviario se planteó en España a partir del impacto de la I Guerra Mundial en la economía española. Las dificultades financieras de las compañías concesionarias dieron lugar a un amplio debate en el que, mientras el sector privado demandaba un aumento de las tarifas, se fue abriendo paso una corriente favorable al intervencionismo del Estado en los ferrocarriles. Diferentes proyectos de ley y medidas del gobierno se dirigieron hacia una mayor participación estatal en la financiación del sistema, que tuvo un importante hito legislativo en el Estatuto Ferroviario de 1924. El ingeniero José Bores Romero (1860-1936) participó en el debate con un conjunto de artículos aparecidos en la Revista de Obras Públicas durante los años 1919 y 1920 en los que realizaba una propuesta basada en la estatificación de las líneas, la creación de organismos adecuados, la descentralización administrativa, la construcción de la red que estaba sin hacer, la electrificación y la adopción del ancho de vía europeo. Aunque su plan no pasó de las páginas de la prensa especializada, sus ideas avanzaban en buena medida los pasos que siguió el proceso de nacionalización que desembocó en la creación de RENFE en 1941
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