Recoge Ley Orgánica del Poder Judicial, un reconocimiento expreso a percibir una indemnización cuando, tras haber sufrido prisión preventiva, el sujeto sin embargo, no resulte finalmente condenado. No obstante, el régimen legal establecido para estos casos, así como la interpretación que de él se ha hecho durante décadas, ha sido reprobado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ya supone la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, recogido en el artículo 6.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Esto ha provocado un giro en la Jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo y en la doctrina que el Tribunal Constitucional tenía al respecto. Aun así, todavía estamos asistiendo a una incorrecta aplicación de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en esta materia, por lo que queremos reflexionar, en estas breves páginas, sobre si resulta o no necesario modificar y actualizar la regulación interna que a este respecto se encuentra vigente.
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