La tramitación parlamentaria de la Ley del Referéndum y de la Ley
de Transitoriedad supuso el inicio de una nueva etapa del ''conflicto catalán''. Con la
aprobación de estas normas de desconexión se consumó el desafío al Estado español y
especialmente al Tribunal Constitucional, que había prohibido por cuestiones de fondo
la tramitación de iniciativas como las que nos ocuparán. El paso por el Parlamento de
estas normas estuvo protagonizada por la actuación la mayoría (absoluta)
independentista que cercenó derechos esenciales y articuladores del ius in officium de
los diputados de la oposición minoritaria. Estudiaremos qué concretos derechos y
facultades fueron vulnerados y como el Tribunal Constitucional, con más o menos
acierto, protegió los mismos.
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