¿Qué deber de control constitucional tiene el poder judicial frente a las medidas de lucha contra el terrorismo aprobadas en situaciones de crisis? Varias son las teorías que coinciden en una misma respuesta: los tribunales no deberían actuar en este contexto. Según esta postura, el potencial dañino de un ataque terrorista es tan alto cualquier intento por evitarlo no debe ser obstaculizado en sede judicial. Y ello por dos razones: ni los jueces tienen un grado de conocimiento en seguridad nacional comparable al de los expertos gubernamentales, ni están sujetos a una responsabilidad democrática en la que se les penalice en las urnas por tomar una decisión errónea. No obstante, y salvo algunas excepciones, lo cierto es que los tribunales constitucionales sí han realizado un control de la compatibilidad de las medidas de lucha contra el terrorismo con los derechos fundamentales de la persona. En países como Estados Unidos, Israel, Reino Unido o, más recientemente, Francia, los tribunales no han dudado en anular las decisiones del ejecutivo y del legislativo en materia antiterrorista. Aunque empleando distintos términos, todos ellos han coincidido en resolver los casos mediante la aplicación de un test de proporcionalidad entre la seguridad que otorga la medida, por un lado, y el daño que produce en el disfrute los derechos fundamentales, por otro (tales como el derecho a la privacidad o a la libertad de expresión).
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