La denominada «diáspora» de combatientes terroristas extranjeros (CTE) a sus países de residencia tras la derrota del Daesh es una preocupación no sólo para los Estados europeos, sino también para la comunidad internacional en su conjunto. Varios estudios se han centrado en las causas de este fenómeno y sus efectos. Sin embargo, menos atención se ha prestado a los efectos de las medidas antiterroristas adoptadas. Desde la Resolución 1373, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha desarrollado un marco global de lucha contra el terrorismo, y la Resolución 2178 es la guinda de este papel. Este marco, aceptado por múltiples organizaciones regionales como la Unión Europea y el Consejo de Europa, obliga a los Estados a adoptar diversas medidas contra los CTE en materia de derecho penal, administrativo y civil. En primer lugar, estas medidas afectan a los individuos ya que imponen restricciones en ciertos derechos fundamentales, tales como el derecho a la libertad o a la libre circulación. En segundo lugar, una interpretación radical de estas medidas seguidas de una adopción unilateral puede causar la anarquía en las relaciones internacionales entre los Estados de origen de los CTE y los Estados de destino. Por ejemplo, las medidas que buscan prevenir la circulación de terroristas pueden traducirse en la expulsión de residentes o en la revocación de su nacionalidad, guiándolos hacia países con menos capacidades para lidiar con este riesgo. Una estrategia que, al final, incrementará la inestabilidad en un mundo globalizado. Por estas razones, este estudio propone que el marco global y europeo contra los CTE debe ser utilizado como una herramienta para coordinar esfuerzos, y no como una justificación para defender intereses de seguridad nacional a corto plazo en detrimento de la seguridad internacional a largo plazo.
