El proceso de integración protagonizado por la Unión Europea ha buscado desde sus inicios la eliminación de las barreras físicas y jurídicas entre los Estados miembros. Esta integración fue en sus inicios exclusivamente económica, con el objetivo de crear un mercado interior en el que personas, bienes, servicios y capitales circulasen con la mayor libertad. El éxito logrado en la integración económica se ha extendido a nuevos ámbitos que complementan y refuerzan este proceso, tales como el fortalecimiento de la democracia y el Estado de derecho, el desarrollo de los derechos sociales, la unión bancaria, la elaboración de políticas migratorias o el control de las fronteras exteriores de la Unión Europea.
Sin embargo, esta integración también ha potenciado un fenómeno negativo: la libre circulación de criminales y la internacionalización de los crímenes. Así, el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (ELSJ) fue creado para asegurar la libertad de movimiento y ofrecer un alto nivel de protección a los ciudadanos. Entre otras políticas, como asilo o migración, el ELSJ incluye la lucha contra la criminalidad y la competencia para desarrollar ciertas normas en materia penal. Esta competencia se ha mostrado vital para la supervivencia del proceso de integración, ya que ha permitido a los Estados miembros (EM) cooperar en la lucha contra los crímenes transnacionales más graves.
El ELSJ se presenta como «la versión jurídica del universal binomio “libertad-seguridad”, pretendiendo esencialmente la libre circulación de personas en un espacio europeo de seguridad y justicia». Un binomio que, en tiempos de crisis como los de la amenaza terrorista, se ve peligrosamente inclinado a favor del elemento securitario, hasta el punto de que «el ELSJ adquiere un significado distintivo, porque las funciones de seguridad se convierten en una condición previa para la existencia del mercado interior».
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