La ponencia persigue, en esencia, dos propósitos. Uno es plantear y discutir un enfoque (tentativo) para evaluar la calidad de la argumentación legislativa en el parlamento, tal como esa argumentación puede reconstruirse a partir de los debates en pleno y en comisión sobre propuestas de ley. El otro propósito es discutir si —y en su caso, en qué medida— la calidad del debate legislativo en el parlamento debería tener algún peso en la determinación judicial de la (in)constitucionalidad de una ley.