El terrorismo ha afectado a una parte considerable de los Estados miembros de la Unión Europea. Cuando parecía que este problema había desaparecido con la renuncia a las armas por parte de los últimos grupos activos como el IRA o ETA, se producen atentados de extrema gravedad dirigidos al público en general, que trae consigo un nuevo modus operandi y un ámbito de actuación diferente. Los atentados de grupos como DAESH representan un verdadero ataque a la seguridad internacional, pero también una amenaza a los valores que representa Europa. Estamos ante un fenómeno derivado de la radicalización de ciertos grupos, que no es ajeno a la crisis económica y migratoria. Estos ataques provocan la polarización de la sociedad y tienen consecuencias más allá de las fronteras nacionales. Esta realidad ha generado, entre otros aspectos, una respuesta reactiva de los Estados miembros a través de un enfoque más punitivo de las normas. Sin embargo, analizando la biografía de muchos de los autores de los atentados, se puede demostrar que la radicalización es gradual y la intervención del derecho penal supone un salto cualitativo en el proceso. Esta última afirmación confirma que la aplicación de las medidas establecidas en el código penal no sólo es ineficaz para conseguir los objetivos de reinserción que persigue, sino que está generando el efecto contrario: la radicalización de individuos que promueven la captación de terroristas.
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