El modelo económico actual, basado en la trilogía producir–usar–tirar, no es sostenible. Desde hace
mucho tiempo, las sociedades han basado su desarrollo en este paradigma, conocido como economía lineal, sin tener en cuenta las consecuencias económicas, sociales y medioambientales. Sin embargo, esta forma de hacer las cosas está alcanzando sus límites. Por este motivo, en la actualidad, los poderes públicos han marcado en su agenda con una urgencia insoslayable la transición ecológica y el desarrollo sostenible, en el ámbito de la denominada economía circular. Se trata de un fenómeno novedoso, todavía en construcción, que surge como respuesta al modelo de economía lineal y que se nutre de las propuestas formuladas por las escuelas de pensamiento surgidas a finales del siglo XX. Aunque no existe una definición unívoca, podemos partir de la definición ofrecida por la Comisión en su comunicación del año 2015, en la que afirma que estamos ante «un modelo económico en el que el valor de los productos, los materiales y los recursos se mantenga en la economía durante el mayor tiempo posible, y en la que se reduzca al máximo la generación de residuos.
En este contexto, el derecho, y en especial el derecho financiero y tributario, puede y debe convertirse en una herramienta de transformación social, que coadyuve al desarrollo de un modelo económico que redunde en el beneficio social. Es necesaria, por tanto, una reforma fiscal que tenga en cuenta la trascendencia de la economía circular y que parta para ello de los avances tanto doctrinales como legislativos en materia de fiscalidad ambiental.
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