La automatización en la adjudicación de ayudas públicas está motivando una suerte de asimetría jurídica al combinarse de un lado, la progresiva programación algorítmica orientada a la toma de decisiones sobre la adjudicación de estas, y de otra, la aún existente brecha digital entre quienes carecen de habilidades digitales que les garanticen poder obtener la ayuda. Ello no ha impedido una progresiva implementación de RPAS, o su utilización en la toma decisiones automatizadas, en el seguimiento y control de ayudas a nivel comunitario, en el marco del Plan Español de Recuperación Transformación y Resiliencia. Las ventajas que ello conlleva deben, a nuestro juicio, ponderarse con las limitaciones derivadas de la salvaguarda del derecho a una buena administración