El colapso que sufre la Administración de Justicia ha llevado al legislador a intentar dar solución para reducir la litigiosidad masiva que en determinados ámbitos, como el derecho de los consumidores, se está produciendo. Es por ello por lo que en el Proyecto de eficiencia procesal incorpora dos figuras, ya existentes en nuestro ordenamiento jurídico contencioso administrativo: la tramitación del pleito testigo y la extensión de sentencias firmes. No obstante, la forma en la que se está abordando la regulación de estas dos instituciones en el proceso civil plantea dudas sobre su efectividad en aras de conseguir la tan ansiada eficiencia de la Administración de Justicia.
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