Uno de los últimos paradigmas en esa armonización europea del derecho procesal civil como es la Directiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2020 relativa a las acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores, y por la que se deroga la Directiva 2009/22/CE. Los esfuerzos legislativos en torno a esta homogeneización son fruto de una evolución larga y complicada que finalmente ha desembocado en el instrumento que ahora analizamos , donde se establece un plazo de dos años para que los Estados adapten sus legislaciones. Dicho plazo finalizó en diciembre de 2022, momento en el que el Gobierno de España presentó un Anteproyecto de Ley de acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores, que se encuentra actualmente en tramitación.
El presente trabajo tiene como objetivo, no tanto el estudio de la propia Directiva, sobre la cual existen ya excelentes trabajos doctrinales que aquí reseñaremos debidamente, sino de la opción elegida por el prelegislador español para adaptar nuestros mecanismos de acceso a la justicia de consumidores y usuarios, de manera que se analizarán debidamente si se han cumplido los parámetros europeos en la armonización perseguida.
Buscar en Dimension