El texto sugiere la necesidad de contar con un ‘informe social’ que aporte datos sobre la persona, su entorno social y su actitud frente al delito, antes de que el juez imponga una pena. Con apoyo en entrevistas a jueces y técnicos del sistema de justicia penal, el estudio plantea que la práctica hoy extendida en España de consultar sólo la antigüedad del hecho y la existencia de antecedentes penales conlleva que se impongan penas alternativas a la prisión que pueden ser de difícil cumplimiento. El informe social expone además variables dinámicas y permite recomendar el tipo de pena, los plazos y los deberes específicos que el condenado debe cumplir. Esta información, y un mejor conocimiento de la labor de los delegados de ejecución de penas y medidas alternativas, pueden ayudar a que los jueces asuman que las penas alternativas a la prisión no son sólo para las personas que delinquen por primera vez.
