Las luchas sociales han asumido una nueva gramática: la judicialización. Ello se debe al rol de los movimientos sociales, que, al luchar por el reconocimiento de su identidad, se están apropiando del Derecho. Así, cada vez se plantean más demandas sociales al campo jurídico e, incluso, al penal. Con ello, surge la cuestión acerca de si el Derecho penal puede ser utilizado de manera positiva para llevar a cabo luchas sociales. En este sentido, en el presente trabajo se realiza un análisis de la Ley Maria da Penha. Los informes e investigaciones llevados a cabo en torno a los efectos de esta ley permiten sacar algunas conclusiones importantes sobre los efectos del Derecho penal en relación con los objetivos propuestos en materia de violencia de género.
