El objetivo de este trabajo es valorar la eficacia de la LO 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Se trata de determinar, fundamentalmente, si la nueva ley ha producido una mejora de los derechos de las mujeres que se enfrentan a una posible interrupción del embarazo y, en caso afirmativo, si este reconocimiento de derechos ha perjudicado de algún modo la tutela de la vida prenatal, atendiendo, en especial, a la evolución del número de interrupciones del embarazo registradas en España.
