La llegada de las nuevas tecnologías a la movilidad urbana implica que la organización administrativa tenga que adecuarse a la nueva forma de prestar los servicios urbanos. Un escenario que entronca con la problemática jurídica de la protección de datos personales. Por ello, en esta comunicación se estudian los riesgos y potenciales peligros de las estrategias de movilidad inteligente en relación con la privacidad de los usuarios al recolectar grandes cantidades de datos de los mismos. Para, posteriormente, y tomando en consideración la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, analizar la oportunidad de la contratación pública a la hora de proteger los datos de los usuarios de este tipo de servicios, para cuando la Administración preste servicios urbanos de movilidad inteligente; y entren en juego los actores privados. En esta línea, se reparará en las diferentes disposiciones sobre protección de datos que contiene la normativa citada.
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