Una de las propuestas recurrentes para solventar la crisis de la jurisdicción es la digitalización de la justicia. Entre las reformas legislativas que se están planteando destaca la posibilidad de que la primera notificación de la demanda se realice de forma telemática cuanto el demandado -no personado- es una persona jurídica que está obligado a comunicarse con la administración a través de medios informáticos.
Se defiende en este estudio que esta posibilidad podría vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva del demandado.