La creación de la Fiscalía Europea en 2017 supone un paso histórico en al ámbito jurídico de la Unión Europea. La importancia de que, por fin, se haya constituido y esté en funcionamiento un órgano a nivel europeo que proteja los intereses, de momento, económicos de la Unión, supone un gran avance hacia un espacio jurídico común de los países de la Unión. Sin embargo, desde que se inician los primeros proyectos y comienzan a ver la luz los primeros resultados, especialmente, la Propuesta de Reglamento de 2013, hasta que se aprueba el Reglamento de 2017, muchos han sido los cambios que han tenido que introducirse hasta llegar a esta regulación común que ha permitido, finalmente su creación.
Entre esos cambios, destaca por su importancia, la estructura y organización del propio organismo, así como sus competencias, y el régimen de obtención y admisibilidad de pruebas, unas cuestiones que son, sin embargo, fundamentales para el correcto desarrollo del procedimiento y, lo que, es más, para el éxito del propio organismo.
En estas líneas, reflexionamos sobre la regulación de la admisibilidad de pruebas, que se presenta, inicialmente como insuficiente, y cuyos problemas prácticos pueden ser de gran importancia.
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