La aprobación de la Constitución Española de 1978 modificó el sistema jurídico del Patrimonio histórico y del urbanismo español, lo que desembocó en una serie de cambios en el panorama arqueológico, como la realización de la primera excavación urbana en 1983, la aprobación en el año siguiente del PGOU y que, poco tiempo después, la Junta de Andalucía asumiera las competencias arqueológicas. En este contexto se realizarán toda una serie de actuaciones en el casco urbano de la ciudad, que sacarán a la luz nuevos datos sobre su etapa romana, aunque también se pondrán de manifiesto una serie de deficiencias en el estudio de la misma.
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