Este trabajo analiza algunos incumplimientos estatales —y en particular en lo que concierne a España— de la directiva sobre recogida y tratamiento de las aguas residuales urbanas. En este sentido, resulta emblemática la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 25 de julio del año 2018 (asunto C-205/17), que establece el incumplimiento por parte de España de dicha directiva, así como la imposición de sanciones pecuniarias al respecto, por incumplir a su vez una sentencia anterior sobre la misma cuestión. Esta sentencia ha tenido relevancia para España por el número de municipios afectados, así
como por la cuantía de la multa impuesta y constituye un marco idóneo para analizar diversos casos en los que el TJUE ha ofrecido soluciones análogas. Se trata de un reto sin precedentes, tanto para España como para la Unión Europea (UE), en un intento de cumplir los compromisos relacionados con el medio ambiente.
