En este artículo se analizan los principales problemas jurídico-constitucionales surgidos en relación a la conformidad que debe prestar el Gobierno para poder tramitar las proposiciones de ley que impliquen aumentos de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios. El objetivo es, para evitar conflictos de atribuciones entre órganos del Estado, aclarar la regulación contenida en la Constitución y completarla en el caso de los reglamentos parlamentarios. Analizamos la respuesta del Tribunal Constitucional al primer conflicto de atribuciones planteado con base en el artículo 134.6 de la Constitución Española, promovido por el Gobierno contra el Congreso de los Diputados.
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