Dentro de la línea general de la humanización de la justicia como cambio paradigmático en la evolución de nuestra sociedad, el tratamiento de la discapacidad representa uno de los campos donde se debe trabajar de forma más intensa para lograr el objetivo pretendido. El acceso a la justicia en condiciones de igualdad de este colectivo debe lograrse con políticas públicas y legislativas que favorezcan la comprensión, adaptación e integración de las personas con discapacidad cuando entran en contacto con la justicia, tutelando así el núcleo del mismo como derecho fundamental. Promover el valor del factor humano como epicentro de todas las actuaciones contribuye a favorecer una Administración de Justicia más eficaz, más equitativa y, en consecuencia, más humana y justa.
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