La política de dispersión de presos es una política penitenciaria que hace que los presos condenados por terrorismo cumplan sus condenas considerablemente alejados del domicilio familiar. La decisión de mantenerla en vigor ha suscitado diversos pronunciamientos por parte de los tribunales españoles, que han confirmado su adecuación al ordenamiento jurídico. Por eso, agotada la vía judicial interna española, el último recurso de los presos era acudir al TEDH. Estrasburgo se ha pronunciado sobre esta cuestión el 7 de mayo de 2019 en el caso Fraile Iturralde c. España, declarando que esta medida no vulnera el derecho a la vida familiar del preso recogido en el artículo 8 CEDH. El objetivo del presente trabajo es analizar las claves de esta sentencia a la luz de la reiterada jurisprudencia recaída sobre este derecho y extraer algunos datos que podrían servir para acelerar su fin a pesar del contenido del fallo.
Buscar en Dimension