La necesidad de descongestionar la Administración de Justicia ha llevado al legislador a presentar y aprobar el Proyecto Ley sobre medidas de eficiencia procesal del servicio público de Justicia en el que se pretende conseguir una desjudicialización de la justicia civil a través de la instauración de dos instrumentos: en primer lugar el establecimiento de un requisito de procedibilidad consistente en la acreditación de haber intentado llegar a un acuerdo y, en segundo lugar, la regulación de una multiplicidad de medios con el que cumplir dicho requisito, devolviendo la capacidad de negociación a las propias partes implicadas. Entre estos medios se recoge la conciliación privada, objeto de este trabajo en el que ponemos de manifiesto aquellas cuestiones que pueden poner en duda su eficacia.
Buscar en Dimension