La sentencia del TJUE de 17 de mayo de 2022 en el asunto C-819/19 supone un paso más hacia la modificación de los principios que rigen el proceso civil español. El principio de equivalencia y efectividad del derecho comunitario, cuando de consumidores se trata, entran en conflicto con los principios de justicia rogada, preclusión, prohibición de la reformatio in peius y la congruencia en el proceso civil.
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