Si por algo se ha caracterizado significativamente la nueva regulación preventiva española, ha sido por la auténtica metamorfosis operada en la manera de percibir el riesgo laboral, convirtiéndola, sin duda, en un revulsivo desde el punto de vista conceptual. Sin embargo, no parece que haya corrido la misma suerte desde la perspectiva de los resultados obtenidos. Los vicios de regulación que, pese a las múltiples reformas sufridas siguen existiendo, así como una alta siniestralidad sostenida en el tiempo, ponen en tela de juicio la calidad y eficacia jurídica de nuestro ordenamiento preventivo. A incrementar esta incertidumbre se suma el efecto transformador que la Industria 4.0, la demografía cambiante, el cambio climático y la economía sostenible, están irradiando sobre la seguridad y la salud de los trabajadores. Todo sumado, sitúa a los poderes públicos frente a un ambicioso y decisivo desafío legislativo en orden a afrontar el aquilatamiento de la normativa preventiva, las nuevas realidades de flexibilidad y conectividad, así como a integrar los efectos de las nuevas tecnologías en los marcos legales actuales.
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