A pesar del importante giro que se ha producido en la definición de los menores como víctimas directas de la violencia de género, aun cuando hayan sido testigos y no receptores directos de la violencia, hay que plantearse si estos reciben la adecuada protección como sujetos vulnerables dentro de un contexto violento que influirá irremediable y de manera permanente en su formación como adultos. Uno de los instrumentos por excelencia en esa protección es el Derecho penal, donde encontramos los instrumentos más incisivos a la hora de articular un sistema suficiente para garantizar que estos niños y niñas estén a salvo de los efectos de cualquier comportamiento violento por parte de su progenitor. A lo largo de este trabajo se analizarán las medidas que, desde el ámbito penal pueden adoptarse para proteger a los menores víctimas de violencia de género con el objetivo de indagar sobre su adecuación y efectividad. Además, haremos referencia a qué previsiones se contienen en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género a este respecto para concluir con una reflexión sobre la adecuación de la vía adoptada para abordar esta cuestión
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