La normativa de acceso a nuestro sistema de empleo público, desde un punto de vista de la evolución histórica, se ha ido configurando de una forma lenta y ciertamente desestructurada. La llegada de la democracia a nuestro país plantea un antes y un después introduciendo nuestra Carta Magna los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad que dieron lugar al paso de un sistema basado en el spoils system al de merit system. Todo lo anterior no ha sido óbice para que, a pesar del extenso desarrollo tanto legal como reglamentario del ordenamiento constitucional, nuestro sistema de acceso adolezca de ciertas aporías normativas y brechas legales como consecuencia de la compleja interrelación tanto de la normativa administrativa como laboral. En esa línea, han sido los tribunales de justicia en todos los órdenes los que han tenido que delimitar ciertas situaciones. No ha escapado a estas vicisitudes la subcontración de servicios públicos, su posterior reversión y el acceso indirecto al sistema de empleo público de nuestro país del personal que ha tenido que ser asumido por parte de nuestras Administraciones toda vez que se ha producido una reversión de servicios públicos previamente subcontratados con empresas privadas.
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