En una investigación anterior planteaba algunos de los nuevos retos a los que se enfrentaba la Unión Europea (UE) en la elaboración de políticas de comunicación debido a la expansión de desinformación. La UE, alarmada por la difusión masiva de noticias falsas durante las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos, o sobre el Brexit en el Reino Unido, comenzó a trabajar para detener este fenómeno en Europa. El primer paso fue reconocer la magnitud del problema, para poder afrontarlo: al respecto, el Parlamento Europeo adoptó en junio de 2017 una resolución en la que instó a la Comisión Europea a analizar el marco jurídico existente en la lucha contra la desinformación, valorándose incluso la posibilidad de intervenir a nivel legislativo a fin de detener este fenómeno. Luchar contra la desinformación es una carrera de fondo que difícilmente va a la velocidad de los avances tecnológicos y de consumo de noticias, pero es fundamental mantener la legalidad en las acciones para frenarla porque pueden convertirse en justificación para limitar la libertad de expresión o la privacidad, poniendo en peligro derechos humanos fundamentales.
