La energía nuclear aporta grandes beneficios a la sociedad. Sin embargo, un uso incorrecto y defectuoso podría ocasionar incalculables daños en el medio ambiente, así como en la integridad de los seres vivos. El ordenamiento jurídico español dispone de un sistema punitivo en el que se establece un catálogo preventivo de sanciones desde el punto de vista del Derecho administrativo y, de penas, desde la perspectiva penal, de tal forma que se pueda disuadir la comisión de conductas que pongan en peligro a la sociedad. Ambos derechos constituyen un complejo régimen de responsabilidad jurídico-penal en el ámbito de la energía nuclear que está caracterizado por el especial nivel de accesoriedad normativa que persigue que la actividad se desarrolle respetando los estándares internacionales de seguridad nuclear.
