El terrorismo yihadista ha afectado a la estructura política global. Ha generado una respuesta restrictiva de derechos y libertades justificada en la amenaza que supone el fenómeno. A nivel internacional se ha adoptado un enfoque más punitivo de las normas, lo que ha impuesto la necesidad de reformar la legislación interna. Sin embargo, en este proceso, el legislador se ha excedido en sus obligaciones y ha tipificado conductas que no estaban recogidas en el ámbito comunitario, utilizando la seguridad de los ciudadanos como argumento para ello.
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