Este artículo realiza un estudio del marco jurídico-administrativo que regula la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra el consumidor eléctrico cuando no puede hacer frente al pago del suministro, como servicio económico de interés general. Desde el año 2009 la Unión Europea viene exigiendo a los Estados miembros compatibilizar la liberalización del sector con la intervención administrativa para garantizar la tutela de los colectivos más vulnerables.
En esta ordenación jurídica, en continua evolución hacia una mayor protección, abordamos las medidas de carácter individual que se han venido adoptando, la problemática jurisprudencial asociada al pago de obligaciones de servicio público referidas al precio del suministro y las propuestas de lege ferenda que corresponde adoptar ante la faceta “colectiva” del problema: la pobreza energética.
