La capacidad de un país para progresar depende del potencial para incrementar su productividad laboral. Cabría esperarse de la revolución digital que aumentara los respectivos niveles de producción y de renta per cápita. Pero los acelerados ritmos de avance tecnológico registrados no se han difundido de una forma generalizada a todo el sistema productivo, sino que han sido acaparados por las grandes corporaciones, provocando un claro retroceso en las variaciones de la productividad en la mayoría de las economías a partir de 1995, salvo en China y la India. También el trabajo sufrió un gradual desplazamiento del lugar central que ha venido ocupando en la era industrial. Sobre esta base se analizan las causas de la ralentización y caída del crecimiento de la productividad, tanto en la OCDE como en la zona del euro (envejecimiento de la población, reducida cantidad de capital disponible por trabajador, nivel de eficiencia en el uso de los factores productivos, baja productividad de las empresas no punteras); sus efectos sobre la pérdida de bienestar; y su alcance sobre la implementación de las políticas fiscal y monetaria, enfatizándose en los nuevos retos que afronta la hacienda pública española en esta era digital: garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas tras el impacto de dos graves recesiones (2008 y 2020); maximizar los resultados del Plan de Recuperación para Europa; combatir el fraude y la evasión fiscal, evitar la competencia fiscal desleal, y reducir el tamaño de la economía sumergida; promover la reducción de la creciente desigualdad en la distribución de la renta y de la riqueza, mediante la adopción de medidas fiscales compensatorias en materia de ingresos y gastos públicos, entre otras; afrontar la problemática del envejecimiento de la población, y la financiación de las pensiones a medio y largo plazo; adaptar la Hacienda Pública a la economía digital; e implementar la nueva reforma fiscal corporativa internacional.
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