El acoso laboral es una cuestión que necesita de una revisión normativa en nuestro ordenamiento
jurídico desde hace ya algunos años. El bien jurídico a proteger, la salud, la integridad física y moral de
los trabajadores, es consustancial en estos casos. Las causas del acoso laboral son diversas, como
también lo son sus consecuencias. En este último caso, la ramificación de las mismas afecta también al
marco de lo público con una generación de gasto de considerable connotación. Pero no se ha prestado
la misma atención al acoso laboral hasta el momento como a otras situaciones de discriminación en el
seno de las empresas y de las Administraciones Públicas.
El análisis de la problemática ha obtenido su reflejo en diversas disciplinas científicas, incluida la del
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y el Derecho de Función Pública, poniendo de relieve las
graves consecuencias de dichas prácticas y la necesidad de una reformulación de la normativa puesto
que, la configuración jurídica en nuestro ordenamiento jurídico queda, hasta el momento, un tanto
imprecisa. Son los Tribunales de Justica los que, a través de sus resoluciones, han venido a delimitar las
innumerables aristas que plantea esta problemática tratada desde el punto de vista jurídico de una forma
que podría denominarse como transversal.
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