Los legisladores europeos de 2019 y 2022 responden, en las normas P2B y sobre servicios y
mercados digitales, a una demanda constante de la jurisprudencia y la doctrina: la fijación del estatuto
jurídico al que se someten las plataformas digitales de comercialización, en su condición de prestadoras de
servicios intermediarios. Su cumplimiento, se convierte en la moneda de cambio para que puedan ampararse
en el safe habour que contemplan las normas respecto de los contenidos intermediados. Su examen se
presenta como una aventura en un mar de normas dispersas, dispares y de difícil comprensión e
interpretación. Nos proponemos parte de ese viaje.
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