Dentro de los cimientos de la Unión Bancaria en Europa, el MUR se presenta como el segundo pilar. A este respecto, tenía como objetivo básico trasladar a nivel europeo las decisiones de resolución y reestructuración bancaria de las entidades de crédito nacionales. Es decir, en correspondencia con la centralización operada con el MUS y como parte del sistema de control de la estabilidad de las entidades y del sistema financiero, el MUR pretende ser la unificación europea del mecanismo de resolución bancaria, para aportar solidez a todo el sistema; circunstancia que se pretende alcanzar garantizando una aplicación homogénea de la BRRD y mejorando el proceso de resolución transfronteriza en marco comunitario . El problema surge de los propios textos normativos, por cuanto la cuestión teórica de la armonización y aplicación homogénea se torna complicada en tanto que, como veremos, prevén diferentes caminos de afrontar el proceso de resolución, sometidos a cierto nivel de decisión y arbitrariedad por parte de las autoridades competentes. Si bien, es cierto que tanto el MUR como la BRRD intentan reducir al mínimo el coste público de la resolución y rescate de las crisis bancarias, transfiriéndolo a los accionistas, acreedores subordinados de la entidad y a alguna categoría de depositantes (del bail out al bail in) , no eliminan la posibilidad de que se sustancie el proceso con fondos públicos ni que el mismo sea reconducido exclusivamente por el Estado de la entidad afectada. Ante este nuevo marco normativo e institucional del sistema financiero en la Unión Europea, dos Estados miembros, España e Italia, con profundas necesidades de saneamiento de sus respectivas entidades de crédito y con sistemas bancarios similares en tamaño, en los que se ha afrontado de forma diversa el rescate de las entidades, partiendo de un sistema único.
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